¿Educación para quién?
La Universidad de
Puerto Rico, institución establecida en el 1903, ha estado pasando por momentos
difíciles durante estos últimos años gracias a la Ley PROMESA, donde una Junta
de Control Fiscal está tomando las decisiones económicas del país. Dentro del presupuesto
que se realizó para el año 2017-2018 se “recomienda un recorte de $202.7
millones a su presupuesto para el próximo año fiscal que comienza el 1ro de
julio, lo que representa una reducción aproximada de un 25% de las aportaciones
gubernamentales provenientes del fondo general del Gobierno”. (Grados,
2017).
Un 25% es una
cantidad exorbitante que la Universidad del Estado dejará de recibir por parte
del gobierno, esto provocando que los recursos, materiales, calidad educativa,
accesibilidad, entre otras, se vean directamente afectadas y a su vez el
estudiantado recibiendo el golpe mayor debido a que son los y las que se
benefician de estos recursos educativos. Por otro lado, esta universidad es una
pública y debe ser accesible para los y las estudiantes que deseen ser
partícipes de la misma. Sin embargo, esa no es la mentalidad del gobierno y la
junta con sus medidas de austeridad que siguen atacando al primer centro
docente del país a diestra y siniestra.
Además, observamos
que dentro del plan fiscal para los años 2019 al 2023 “el ente federal mantuvo
el aumento escalonado en la matrícula, que a nivel subgraduado llegará a $157
al año para el 2023. En términos anuales, para los estudiantes graduados el
alza será de $7,209 a cinco años”. (Ávila-Claudio,2018). Con estos
aumentos la Universidad Pública del país tiene programas más caros en
comparación con tras universidad privadas, con los aumentos deja de ser
accesible para un país donde la mayor parte de la población se encuentra en el
nivel de pobreza o es de clase trabajadora. Cada vez más, los recintos pequeños
siguen creciendo con estudiantes del sistema público del país, debido a que su
nivel económico no es uno que les permita tener una educación primaria y
secundaria privada.
Por
otro lado, “Se espera, según el borrador del plan fiscal, que una vez culmine
el periodo de cinco años se reduzca la cantidad estudiantes de la universidad
de 58,402 que hay hoy a 48,744”. (Ávila-Claudio, 2018). Esto es algo
ilógico porque si se está buscando que el estudiante pague más, para pagar una
deuda que no deben, pretenden bajar la población estudiantil… cuando lo lógico
es que haya más. Además, al seguir enfocados en bajar la población, se le sigue
privando a los y las jóvenes de este país que deseen obtener una educación
dentro de la Universidad de Puerto Rico.
Uno de los resultados que han provocado estos recortes que “En
mayo del 2019 se cumplen los 2 años en probatoria, límite que da la MS. Si no
se remueve antes, la UPR perdería la acreditación, pero, como el elemento de la
reducción presupuestaria se sostiene, el peligro persiste.” (Claridad). Al
tener una mala adiministración en la universidad, cada vez más la Middle States
vela por cómo se utilizará el dinero para mantener operante la institución. Sin
embargo, al querer reducir tanto el presupuesto de la universidad, ya se ha
contemplado el cierre de la Universidad de Puerto Rico como una opción, de
no pasar el periodo de prueba en el que se encuentra.
Por consiguiente, en Puerto Rico no se tiene, ni se visualiza una
educación de calidad, accesible e inclusiva debido a estas medidas que están
tomando en contra de la Universidad de Puerto Rico, donde prácticamente la
quieren dejar inoperante. Entonces, al ser tan complicada la situación para los
y las estudiantes, la pregunta que nos debemos hacer es:¿Educación para quién?
Esta interrogante, debido a la gran cantidad de esfuerzos por limitar la
educación y hacerla inaccesible para las personas que desean educarse dentro de
esta institución universitaria.
Referencias:
Ávila-Claudio, R. (2018, Octubre 22). Junta
de Control Fiscal avala plan fiscal de la UPR. Metro.
Claridad. (n.d.). Junta de Control Fiscal
avala plan fiscal de la UPR. Claridad.
Grados, 8. (2017, Junio 1). Recortes al
sistema UPR agravarán el acceso a la educación y servicios esenciales a la
ciudadanía. 80 Grados.
Desde antes de la imposición de la Junta de Control Fiscal en el 2016 y sus políticas de austeridad para la Universidad de Puerto Rico (UPR), ya está venia experimentando una serie de retos económicos y políticos que estaban lacerando su estabilidad. Sin embargo, no cabe duda de que la Junta exacerbó la situación crítica de la UPR con su postura aniquilante de recortes de presupuesto y aumentos en costos de manera escalonada de más de un 100%. Los recortes, aumentos, la posibilidad del cierre del primer centro docente del país son ejemplos de la poca accesibilidad que se le esta dando a los estudiantes actuales y futuros a poder recibir una educación universitaria. Maxime, cuando hay muchas y muchos que ni tan siquiera tienen como opción por su situación económica la oportunidad de estudiar en una institución privada. Siendo la universidad del Estado su única alternativa viable para alcanzar sus metas académicas y profesionales. El gobierno, la Junta y las personas de poder para decidir de la UPR no esta velando el mejor interés de los y las estudiantes y del personal docente y no docente que en la UPR laboran. Solo el día que la politiquería barata y partidista salga de la UPR, esta podrá prosperar. El día que un gobierno sea consciente del valor de la Universidad la situación cambiara. Y tan solo cuando todo el país se una por luchar por esta, quizás entonces los estudiantes de ahora y los del futuro podrán decir con orgullo estudie en el primer centro docente aún con mi situación económica.
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